Dos semanas después de que el fiscal Pablo Camuña y el fiscal ad hoc Agustín Chit recurrieran la excarcelación del Clan Ale, ayer trascendió el contenido del recurso presentado ante la Cámara Federal de Casación. En el escrito, aseguran que el fallo del Tribunal Oral Federal que los juzga “fue un trámite procesal anómalo e irregular” y que “pone en riesgo la confianza de la comunidad en la administración de justicia”
El 4 de octubre, 12 de los 16 imputados por presunta asociación ilícita y otros delitos quedaron libres: Rubén Eduardo Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Víctor Alberto Suárez, Oscar Roberto Dilascio, Adolfo Ángel Ale, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, César Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa y Sergio Francisco Parrado. Esta decisión estuvo a cargo de los jueces Alicia María Noli, Gabriel Casas y Domingo Batule, quienes consideraron que había desaparecido el riesgo de entorpecimiento de prueba porque ya había transcurrido la mayor parte del juicio y que tampoco existía peligro de fuga porque los imputados habían estado varios meses con prisión domiciliaria sin intentar escaparse.
Sin embargo, según el sitio fiscales.gob.ar, Camuña y Chit consideraron todo lo contrario sobre el fallo: “genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión. No (se) consideró la inminencia de la sentencia, las altas penas en expectativa, la particular naturaleza y modo comisivo de los delitos bajo juzgamiento, o siquiera la necesidad de asegurar el proceso más allá de una simple caución juratoria a imputados por graves delitos que en muchos casos cuentan con un gran acervo patrimonial”.
Por otro lado, los fiscales añadieron que esta situación desata riesgos respecto de las víctimas o testigos que declararon en el juicio y aseguraron que este fallo pone en peligro la confianza de la gente en el Poder Judicial: “termina resultando de gravedad institucional al ser adoptada en un proceso de gran repercusión pública, que pone en riesgo la confianza de la comunidad en la administración de justicia”.